La ambivalencia del silencio administrativo en el derecho procesal panameño
Torres Cáceres, Martín Yusuaini
The ambivalence of administrative silence in panamanian procedural law
Tema Effective Administrative Protection
Tema Administrative Law
Tema Contentious-Administrative Jurisdiction
Tema Statutory Time Limit
Tema Panama
Tema Derecho Administrativo
Tema Tribunales Administrativos
Tema Tutela Judicial Efectiva
Tema Tutela Administrativa Efectiva
Tema Silencio Administrativo
Tema Procedimiento Administrativo
Tema Panamá
The definitive systematization occurred with Law 38 (2000), which establishes the general administrative procedure and defines administrative silence as a legal fiction of dismissal. The work emphasizes that this legal concept does not automatically grant rights, but rather enables the individual to appeal to the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, guaranteeing effective judicial protection and preventing the indefinite paralysis of claims. It also analyzes the formal requirements for its establishment, the conceptual distinction between omission and inaction, and the dilemma of double silence, arguing that each expiration of a deadline reinforces, rather than extinguishes, the right to legal action.
Similarly, it addresses the constitutional ambiguity between the right to petition and state inaction, the disciplinary responsibility of public servants for administrative delays, and the economic costs of access to the courts. Finally, it proposes strengthening administrative tribunals, preserving double silence as an option favorable to the individual, and moving toward digital solutions that automate certifications, reserving tacit approval as an express exception and subject to restrictive application.
Descripción El ensayo examina la evolución del silencio administrativo en Panamá, destacando su configuración predominantemente negativa para el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su origen se sitúa en la Ley 135 (1943), que concibió el silencio exclusivamente como mecanismo para agotar la vía gubernativa frente a recursos, dejando sin protección las solicitudes iniciales no resueltas. Esta deficiencia fue corregida por la Ley 33 (1946), que amplió su alcance a toda petición susceptible de control jurisdiccional y consolidó el plazo de dos meses como parámetro para configurar la denegación presunta.
La sistematización definitiva se produce con la Ley 38 (2000), que establece el procedimiento administrativo general y define el silencio administrativo como ficción jurídica desestimatoria. El trabajo subraya que esta figura no reconoce derechos automáticamente, sino que habilita al administrado a acudir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, garantizando la tutela judicial efectiva y evitando la paralización indefinida de las pretensiones. Asimismo, analiza los requisitos formales para su configuración, la distinción conceptual entre omisión e inacción, y el dilema del doble silencio, defendiendo que cada vencimiento de plazo refuerza, y no extingue, el derecho de acción.
De igual forma se aborda la ambivalencia constitucional entre el derecho de petición y la inercia estatal, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por mora administrativa y los costos económicos del acceso jurisdiccional. Finalmente, propone fortalecer los tribunales administrativos, preservar el doble silencio como opción favorable al administrado y avanzar hacia soluciones digitales que automaticen certificaciones, reservando el silencio positivo como excepción expresa y de aplicación restrictiva.
Tipo info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato application/epub+zip
Identificador 10.37594/oratores.n24.2087
Fuente Revista Oratores; Núm. 24 (2026): ORATORES Junio - Noviembre 2026; 141-157
Fuente 2644-3988
Fuente 2410-8928
Fuente 10.37594/oratores.n24
Relación https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/oratores/article/view/2087/3063
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Relación Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Casación Laboral. (2023). Sentencia del 31 de mayo de 2023. Demanda de Plena Jurisdicción VIGUECONS ESTEVEZ, S.L vs Ministerio de Obras Públicas. https://jurisis.procuraduria-admon.gob.pa/wp-content/uploads/2024/03/Viguecons-Estevez-S.L.-c-Ministerio-de-Obras-Publica.pdf
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